En las vísperas del tratamiento específico de la Ley Ómnibus en el Congreso conversamos con el presidente de la Unión de Músicos Independientes (UMI) sobre las implicancias que podría tener esta nueva normativa en el sector musical. Por Florencia Sosa
La Unión de Músicos Independientes (UMI) es una organización de músicos autogestionados de diversos géneros y de todo el país. Se creó en el año 2001 y tiene la figura jurídica de Asociación Civil sin fines de lucro. Actualmente, la UMI cuenta con 7500 músicos asociados, 5400 discos publicados y 42 convenios firmados sobre servicios y beneficios para los artistas independientes. En el inicio de la charla, su presidente Gustavo Rohdenburg reflexiona sobre el trabajo realizado por la UMI en sus años de vida:
“Venimos trabajando a través de varias herramientas y estrategias, algunas en lo inmediato y otras a mediano plazo como convenios con prestadores privados, asesoramiento en derechos de autor, la participación en propuestas de políticas públicas legislativas como la Ley del Instituto de la Música en CABA, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la cuota de difusión en los medios, la Ley de creación del Instituto Nacional de la Música, la Ley del Día Nacional del Músico en Argentina. También participamos junto a las compañeras músicas en lo que fue el proceso de construcción de la Ley de Cupo Femenino en escenarios y festivales argentinos. Nuestra función es construir y mejorar las condiciones en las que nosotros trabajamos y nos desenvolvemos”.
– Para quienes se quieran sumar, ¿cuáles son los requisitos de inscripción?
– El único requisito que tiene la UMI para sumarse es ser músico/a independiente. Para asociarse es de manera gratuita y una vez que se asocian hay una cuota mensual que se abona para acceder a todos los beneficios, asesoramiento, los descuentos, al respaldo. Hoy la cuota es muy baja, son 500 pesos por mes y es nuestra única fuente de ingresos económicos, es decir, todos los gastos de la organización, servicios, mantenimiento, folletería y demás, lo sostenemos con ese ingreso. No recibimos subsidio de ningún gobierno, ni de ningún partido político, somos más bien una organización independiente que se autogestiona también en su funcionamiento cotidiano.
– ¿A qué nos referimos cuando hablamos de música independiente?
– Música independiente, para nosotros, y lo logramos definir también en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, es cuando el músico/a es autor/a o compositor/a, o es intérprete, pero fundamentalmente es dueño de los derechos de comercialización de sus fonogramas, es decir, es propietario de sus canciones y de su publicación, no teniendo un contrato con un tercero. Por ejemplo, los sellos discográficos (grandes, medianos, chiquitos) son dueños de los fonogramas de todo su catálogo de artistas. El artista autogestivo es el propio dueño de la comercialización, de la distribución, de la gestión de toda la obra y realiza así sus negociaciones y su carrera.
– ¿Cuál es el pedido de la UMI y del sector respecto a las implicancias de la Ley Ómnibus* en la industria musical?
*(Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos)
– A partir del 27 de diciembre, cuando se conoció públicamente el texto completo del proyecto de ley Ómnibus, luego de leerlo, estudiarlo y evaluarlo, notamos la afectación que había hacia nuestro sector, el de la música independiente y argentina, incluyendo los organismos de fomento, las condiciones de trabajo y una propuesta de desregulación de la gestión colectiva de derechos intelectuales. En ese marco, hubieron varias acciones que se hicieron desde la UMI, una de ellas tuvo que ver con lograr concretar una exposición en la comisión que hubo en la Cámara de Diputados cuando la sociedad pudo ir a explicar, defender y argumentar las propuestas y contrapuestas a lo que planteaba la ley Bases.
– Finalmente pudo exponer Celsa, en representación de la UMI…
– Celsa Mel Gowland, fue vicepresidenta del INAMU, socia honoraria de la UMI, hizo una presentación donde explicó la lógica del INAMU, cómo funciona, su característica federal, autónoma, es un ente público no estatal, cómo distribuye los fondos, quiénes distribuyen los fondos, las particularidades que tiene el organismo. También hizo una defensa y una explicación clara y sintética de cómo funcionan las entidades de gestión colectiva, por qué funcionan bien y desregularlas sería muy dañino no solo para los artistas, sino también para la sociedad en general. Además, hizo legislación comparada con otros países respecto a la gestión colectiva, hay países donde se intentó desregular y no funcionó la experiencia. Contó como el INAMU es la autoridad de aplicación de la ley de cupo en escenarios, de cupo femenino y de personas de identidad de género autopercibida, todo esto en 7 minutos. Uno la quiere mucho, pero realmente hizo una presentación muy clara y emotiva. Ese mismo día estuvo exponiendo también Diego Boris, ex presidente del INAMU, por la mañana y creemos que fue positivo, porque los diputados y asesores que estaban ahí lo tomaron y los comentarios que hubo fueron de sentido constructivo.
– Sobre lo que propone la ley Ómnibus respecto a los derechos intelectuales, ¿de qué manera afectaría a los/as artistas musicales?
– Se puede explicar sin profundizar ni ser tan técnicos. La gestión colectiva en Argentina, en el caso específico de la música, es llevada adelante por tres entidades, que tienen la potestad que les otorgó el Estado, por ley, de recaudar y administrar y pagar ese derecho intelectual. Nuestra legislación viene de la tradición de Roma y de Francia donde la propiedad intelectual tiene un derecho moral y también tiene un derecho económico reconocido en la ley, eso no es así en todos los países, hay países que tienen en la propiedad intelectual sólo un derecho económico. Nuestro país tiene una legislación que también hace hincapié y reconoce al ser humano como creador, además del derecho económico.
¿Qué se propone en la ley Ómnibus? Desregular, sacar el monopolio que tienen estas tres entidades que son SADAIC, (Sociedad Argentina de Autores y Compositores), AADI (la Asociación Argentina de Intérpretes Musicales) y CAPIF (la Cámara Argentina de Productores de la Industria del Fonograma y Videograma). De esas tres, como artistas nos relacionamos con las tres juntas, o con CAPIF y AADI, o con CAPIF y SADAIC, depende de si somos autores o no de nuestra obra, o si solo somos intérpretes, pero siempre el artista independiente está relacionado con dos o tres, de las tres.
– ¿Qué significa desregular?
– Habilita a que pueda haber gestión de empresas privadas o incluso ONG ‘s que se conformen como entidades de gestión colectiva y empiece a una competencia entre sí y obviamente con las existentes (SADAIC, AADI, CAPIF). Eso es muy dañino porque cómo sabemos nosotros que esos nuevos proyectos y emprendimientos podrían ser capaces de gestionar, administrar y recaudar.
Por otro lado, está el pagante. Cuando hay varias alternativas la experiencia ¿qué demostró? que el pagante lo que argumenta es: «che, yo no sé a quién abonar el derecho de autor, por lo tanto, no lo voy a abonar, lo judicializo». Y ahí empieza a haber una lesión de la recaudación del dinero porque los usuarios dejan de pagar al haber tanta gente que dice que gestiona el derecho de autor y eso no está regulado, en el ejemplo, yo como dueño de un bar digo: «che, a quién le tengo que pagar si hay 15 entidades de gestión colectiva que me están diciendo que son las encargadas de administrar el derecho de autor. Entonces, ¿qué hago? No pago. Eso también pasaría con AADI, y CAPIF.
En resumen, lo que se propone es desregular y que haya una libre competencia de entidades de gestión colectiva donde competirían gente nueva de acá, gente de capitales externos, todos escenarios hipotéticos, pero en principio ya no habría un sujeto claro de dónde pagar o un sujeto claro de dónde cobrar. También supone la gestión individual, en esta desregulación, que cada artista genere su derecho de autor es una cosa imposible en la práctica, yo como artista, no puedo ir a todas las provincias a hablar con las radios o los canales para que me abonen lo que corresponde. Por eso existen las entidades de gestión y ese es el sentido de que existan en todo el mundo.
– Por ese motivo también están centralizadas, por una cuestión de gestión…
– Exactamente, por la especificidad, por la capacidad de acción, porque el Estado les reconoció eso y además, son entidades de gestión colectiva que no tienen que ver con el Estado, con la Dirección Nacional de Derechos de Autor (DNDA), con el Ministerio de Justicia. Específicamente se ocupan de eso. ¿Tienen cosas por mejorar? Seguro que sí, eso no hay duda, las tres, eso también está bueno contarlo. Pero más allá de lo que tengan que mejorar nos parece que es muy grave que se genere una desregulación y una libre competencia que afectaría a los autores, a los compositores, a los productores fonográficos y también a la sociedad en general.
– ¿Creés que hay algún punto de esta normativa que puede ser un beneficio para los/as artistas?
– Honestamente, estuvimos estudiando mucho la parte de la afectación cultural y no hay ningún punto donde uno diga: «che, esto puede ser interesante». Una cuestión beneficiosa, por ejemplo, sería que en esta ley se hable o se promueva algún tipo de gravámen a las plataformas digitales (OTT), que todavía no se pudo avanzar en eso. No es algo nuevo, hace años que no solo los músicos sino también el cine y el teatro venimos planteando que el Estado debería avanzar en ese sentido para que parte de esa recaudación vuelva a través de los mecanismos de fomento a la cultura del país. Hubo proyectos que se presentaron el año pasado, pero no se avanzó y acá no se tomó en la agenda, al contrario, no está. Uno está acostumbrado a ver en los proyectos de ley, estando de acuerdo o no, más allá de la opinión personal o institucional, las lógicas que tienen las cosas: «bueno, esto lo proponemos así por esto, esto y por esto», pero en este caso no se entiende la lógica.
El Instituto Nacional de la Música hoy no es estatal, en la ley Ómnibus lo que proponían en el texto de diciembre de 2023 era estatizarlo, o sea sacarle la figura de ente público no estatal y que el organismo pase a ser descentralizado dentro de la Secretaría de Cultura, eso es una cuestión bastante contradictoria con el discurso del poder ejecutivo, donde se habla de que más que estatizar hay que achicar el Estado.
– Además de estatizar, la pretensión era el desfinanciamiento del INAMU, ¿esto sigue así?
– En el texto de diciembre se hablaba de que el financiamiento pasaba a depender del Tesoro Nacional, de la Secretaría de Cultura y de su funcionario designado. El dictámen que se votó hace pocos días, el viernes pasado (2 de febrero de 2024) ahí ya se habla de otra cosa. Cambió mucho el texto de diciembre al texto de fines de enero, en todo sentido, no solo respecto al INAMU. En el último texto, lo que quedó es que se le impone al INAMU un tope de gasto del 20% administrativo y de funcionamiento que el INAMU lo cumple, es algo que cuando se creó el proyecto, del cual participó la UMI junto a otros sectores, se tuvo en cuenta. Además, el texto del viernes, otra cosa que le pone al INAMU como condición, es que el 70% solo tenga que ser para subsidios nacionales. Esas son las únicas dos cuestiones que quedan, comparadas con la propuesta de diciembre. Y ya no se propone que el INAMU sea de la Secretaría de Cultura, se le dejó la figura de ente público no estatal, y los fondos vienen de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Son los fondos específicos que tiene el INAMU el 2%; el INT, el 10%; el INCAA, el 25; la Defensoría del Público, RTA, CONABIP y FOMECA.
– ¿Algún sector político se acercó a manifestar apoyo al INAMU y a la UMI?
– Sí, nosotros pudimos reunirnos con todos los sectores, excepto la Libertad Avanza, con los legisladores, con todos hablamos, mínimo con un diputado o asesor. Esto fue a partir del 27 de diciembre hasta el jueves pasado, fue todo un proceso y era día a día el trabajo. Lo de la legislatura fue día a día porque pedíamos las reuniones, de ahí hasta que las obteníamos pasaban unos días, en el medio surgían otras posibles reuniones con otros legisladores. Pudimos hablar con la mayoría explicándoles esto que venimos charlando en la nota:¿por qué algo que anda bien se modificaría para hacerlo funcionar mal? Obviamente puntualizando en todos los organismos de la cultura, la música, el cine, el teatro.
La recepción fue positiva, y un poco uno ve lo que cambió el texto de fines de diciembre a principios de enero. No hay que celebrar nada, porque incluso aunque esto quede lo que se va a terminar logrando es la defensa de algo preexistente, no es una nueva conquista que amplía derechos. Es un poco incierto, pero todas las reuniones que conseguimos, nos invitaron y pudimos estar, fuimos, en eso el cuerpo a todo, no podíamos no hacerlo, es una responsabilidad social y nacional, y fue clave, yo creo que va a terminar moviendo la balanza en cuanto a la votación.